Los ejércitos de Rosario Murillo

Daniel Ortega y Rosario Murillo han dado un paso crucial para consolidar su poder al frente de un régimen autoritario de corte familiar en Nicaragua. La “copresidenta” asumió la semana pasada el control directo de las Fuerzas Armadas del país centroamericano a través de una reforma exprés aprobada por unanimidad por la Asamblea. Al ser nombrada como jefa suprema del ejército, Murillo tendrá formalmente, según el nuevo Código Militar, el mismo margen de acción ante los militares que su esposo. Este movimiento va más allá del simbolismo y, en la práctica, aumenta la autoridad de la máxima dirigente sandinista, considerada heredera del proyecto dinástico de Ortega.

La medida supone un giro que pone en manos de la pareja presidencial cualquier decisión sobre las operaciones militares, la organización de las distintas fuerzas y todos los nombramientos en el estamento castrense, y también evidencia la ausencia absoluta de contrapesos en el entramado institucional de Nicaragua. El poder legislativo, el judicial, la arquitectura electoral convertida en un sistema de partido único y los brazos represivos del régimen responden a la voluntad de los “copresidentes”, una figura oficializada el pasado noviembre en la última reforma de la Constitución. Ahora, la premisa de que las Fuerzas Armadas estarán “subordinadas a la autoridad civil” solo es una fórmula que sirve para acelerar la deriva dictatorial del Gobierno.

La promulgación del nuevo Código Militar llega acompañada de otra decisión que ha hecho saltar las alarmas. La pareja presidencial dio carta de naturaleza a principios de marzo a otro ejército con capacidad para operar al margen de las Fuerzas Armadas. Los dirigentes culminaron la juramentación de 76.800 paramilitares. Esta legión, conformada en su mayoría por empleados públicos exhibidos con pasamontañas, tiene la misión de proteger a la cúpula sandinista ante todo lo que perciba como amenaza para su permanencia en el poder. Movilizados en muchos casos en contra de su voluntad, estos funcionarios fueron obligados a asistir a campos de entrenamientos para prepararse ante “cualquier intentona golpista”. Grupos similares de escuadristas llevan años al servicio de Ortega y Murillo y en 2018 fueron los principales responsables del asesinato de 350 manifestantes opositores en la última gran oleada de protestas contra el régimen. La diferencia es, sin embargo, que ahora esta milicia paraestatal cuenta con un estatus legal.

Pese a haber aniquilado, desterrado o encarcelado a todas las voces críticas, la pareja presidencial sigue obsesionada con la posibilidad de un levantamiento social. Este estado de vigilancia obsesiva imposibilita no solo cualquier intento de mediación para explorar una vía de diálogo, sino que ha aumentado la represión de los disidentes y el aislamiento del país. Una situación cada día más insostenible que solo hace más profundo el dolor de los nicaragüenses.